Cristosal no fue la única ONG que abordó el problema. Acción Ciudadana, una organización sin ánimo de lucro especializada en auditoría social, presentó una notificación a la Fiscalía General de la República (FGR) el 12 de octubre después de que el presidente del grupo, Humberto Sáenz, y el director, Eduardo Escobar, descubrieran que hackers habían registrado sus billeteras Chivo.

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